España y la necesidad de firmeza: proteger a las mujeres de las trampas de los “mercaderes de la religión”
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España y la necesidad de firmeza: proteger a las mujeres de las trampas de los “mercaderes de la religión”
Amin iharchain
La sociedad española se enfrenta hoy a desafíos éticos y legales que exigen una revisión minuciosa del papel de ciertas entidades y centros religiosos, especialmente en ciudades como Barcelona, que podrían estar utilizándose para difundir ideas que perpetúan la explotación de mujeres y niñas. Lo que el mundo ha presenciado recientemente con sentencias judiciales contundentes, como en el caso del pensador Tariq Ramadan, quien enfrentó penas de prisión en Francia, representa una lección magistral sobre cómo deben actuar los Estados ante quienes utilizan su posición intelectual o religiosa como pantalla para prácticas que violan la dignidad humana. Es imperativo que el Gobierno español active el espíritu de la Constitución, que garantiza la protección de los ciudadanos frente a cualquier pensamiento retrógrado que apunte a los jóvenes con discursos sistemáticos y calculados para abrir la puerta a la explotación de mujeres bajo denominaciones ilegales como el “matrimonio de placer” o el “matrimonio de Fatiha”. Estas prácticas, que dejan a las víctimas sin derechos legales ni sociales, son un ataque directo a los valores de igualdad y justicia sobre los que se asienta el Estado español, y representan una forma de mercadeo con la religión. La vigilancia policial y jurídica sobre estos centros que promueven la lógica del “placer” a costa de la dignidad de la mujer se ha convertido en una necesidad urgente para evitar la creación de sociedades paralelas que actúen fuera del marco de la ley. Seguir las políticas firmes que aplican los países vecinos europeos para desenmascarar estos discursos es el único camino para garantizar la seguridad social y proteger a las futuras generaciones de caer en la trampa del engaño que practican estos explotadores bajo el nombre de las creencias. El silencio ante estos abusos ya no es una opción aceptable en un Estado democrático; exige la apertura de investigaciones oficiales y profundas para garantizar que los lugares de culto no se conviertan en plataformas para violar la dignidad humana.